La adjudicación del servicio de recolección de residuos a la empresa VITSA ocasionó un nuevo cruce durante la sesión del Concejo Deliberante  donde los concejales del partido justicialista reclamaron al Ejecutivo municipal la documentación completa del proceso, los dictámenes técnicos y los fundamentos del voto en disidencia de uno de los integrantes de la comisión evaluadora.

Durante su intervención, la concejal Carolina Amiano señaló que el municipio destina actualmente más de 270 millones de pesos mensuales para la recolección de residuos de un sector de la ciudad y cuestionó las condiciones establecidas en el pliego de la licitación. En ese sentido, sostuvo que fue “realmente hecho a medida, a mi entender” y consideró que algunas exigencias podían resultar desfavorables para empresas que no conocían previamente el servicio o la ciudad.

La edil cuestionó además que nuevamente VITSA haya resultado adjudicataria y explicó que desde su bloque solicitaron información, una reunión con la comisión evaluadora y los dictámenes técnicos para conocer cómo se asignaron los puntajes a cada una de las empresas y cuáles fueron los argumentos utilizados para determinar la adjudicación.

Según planteó, la documentación finalmente recibida no llegó de manera completa y tampoco se concretó la reunión solicitada. Además, señaló que la comisión tuvo una votación por mayoría y que uno de sus integrantes emitió un voto en disidencia cuya fundamentación todavía no conocen.

“Queremos los papeles, queremos que la comisión venga, tenemos el derecho como contralor de que nos reciban y nos cuenten de qué manera llegaron a esa puntuación y cómo se adjudica ese servicio”, manifestó.

En medio de ese planteo, la concejal también informó que una de las empresas que participó de la licitación presentó una impugnación y que la oposición tomó conocimiento de parte de la documentación recién cuando ya se encontraba transcurriendo el plazo de cinco días para presentar una impugnación.

Asimismo, sostuvo que tres de las empresas que participaron habían solicitado documentación y que recibieron como respuesta que debían realizar el pedido de manera presencial, pese a que el proceso licitatorio se había desarrollado de manera digital. Una de las empresas, según explicó, presentó igualmente una impugnación con la documentación que había logrado obtener y actualmente espera una respuesta del Ejecutivo.

Otro de los puntos cuestionados estuvo relacionado con los microbasurales. La concejal recordó que la problemática ambiental y la proliferación de microbasurales habían sido utilizadas como uno de los argumentos para declarar la emergencia ambiental, pero sostuvo que en el pliego de la licitación no se estableció como un requerimiento concreto para las empresas.

En ese sentido, cuestionó que el decreto de adjudicación valore el compromiso asumido por VITSA para realizar tareas de limpieza de microbasurales, pese a que, según surge de su planteo, esa obligación no estaba expresamente establecida en el pliego.

“Ahora me pregunto, ¿el resto de las empresas que se presentaron tuvieron esa posibilidad también de presentar una oferta? ¿Sabemos que ellos no podían cumplir con el servicio? ¿Las reglas fueron realmente claras, iguales para todas?”, planteó.

La concejal sostuvo que el Ejecutivo todavía tiene la posibilidad de revisar el procedimiento y responder los cuestionamientos antes de avanzar definitivamente con la contratación. “Hice un pedido concreto, ¿sí? Entonces, me gustaría tener la documentación completa y conocer la información del contador Matías Rodríguez, que sabemos que votó en disidencia. Ese voto nosotros no sabemos la argumentación, es lo que estamos pidiendo”, expresó.

El cruce dentro del recinto

El planteo generó una respuesta del concejal Felipe Sastre, quien cuestionó que la intervención no estuviera acompañada de una presentación formal ante el Concejo. Señaló que la oposición cuenta con herramientas para convocar reuniones, solicitar información y realizar presentaciones administrativas.

La concejal Amiano respondió que el bloque ya había realizado un pedido concreto para acceder a los dictámenes y reunirse con la comisión evaluadora, y sostuvo que los informes recibidos fueron incompletos.

“Estoy alertando al Ejecutivo y que haga caso a la presentación de VITSA, que es una empresa que participó, y que puede, está a tiempo todavía de frenar, corregir y revisar lo actuado. Eso es lo que estoy pidiendo”, remarcó.

También reclamó específicamente conocer la fundamentación del voto del contador Matías Rodríguez, integrante de la comisión evaluadora que se pronunció en disidencia.

Reclamos por pedidos de información sin respuesta

La discusión continuó cuando la concejal Claudia Villalba señaló que existen distintos pedidos de acceso a la información pública que, según afirmó, todavía no fueron respondidos por el Ejecutivo.

Entre ellos mencionó pedidos vinculados a VITSA y al proceso de contratación durante la emergencia, además de otro presentado en febrero relacionado con la planta municipal, la cantidad de empleados, despidos y contratos.

“Nosotros tenemos varios pedidos de acceso a la información pública que no fueron contestados”, afirmó, y agregó que en algunos casos los estudios técnicos fueron entregados después de que se concretara la adjudicación.

Según su planteo, esa información debía estar disponible antes de la adjudicación para que los concejales pudieran analizarla y formular preguntas sobre el proceso.

“Eso se necesita antes porque es para hacer preguntas. Entonces, lo que viene a destiempo tampoco sirve”, sostuvo.

También hubo cruces por una causa judicial vinculada al GNC

La discusión terminó derivando en acusaciones personales entre los concejales, a partir de referencias a una causa judicial relacionada con la compra de GNC durante la última gestión municipal a cargo del Dr. Enrique Tomás Cresto.

Fue allí cuando el concejal Jorge Mendieta cuestionó que se introdujeran cuestiones personales en el debate y sostuvo que se estaban realizando afirmaciones sobre una causa que todavía no había sido resuelta judicialmente.

En respuesta, el concejal Felipe Sastre leyó parte de la acusación fiscal relacionada con compras directas de GNC realizadas entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.  Según lo expuesto durante la sesión, la Fiscalía atribuye al entonces director de Taller y Depósito, Jorge Raúl Pérez, la adquisición directa de 7.000 metros cúbicos de GNC por 90.650 pesos y posteriormente otros 10.000 metros cúbicos por 159.500 pesos.

De acuerdo con lo leído en el recinto, la acusación sostiene que esas compras fueron justificadas para abastecer al parque automotor municipal, pese a que no existían vehículos que utilizaran ese combustible, y que se habrían omitido presupuestos y controles administrativos. También se señaló que las actuaciones fueron aprobadas por quien entonces se desempeñaba como secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendieta.

Mendieta respondió que se trataba de una causa judicial en trámite y rechazó las acusaciones formuladas durante la sesión.

La oposición volvió a reclamar por la contratación de VITSA

Finalmente, la concejal Villalba volvió a centrar la discusión en la adjudicación de la recolección de residuos y afirmó que existe una denuncia presentada en tribunales relacionada con el procedimiento.

Según manifestó, la denuncia fue presentada por el abogado Mariano Giapaolo el 12 de junio de 2026 y cuestionaría presuntas irregularidades vinculadas a VITSA. También afirmó que desde la oposición solicitaron la intervención del Tribunal de Cuentas y que el Ejecutivo habría pedido una prórroga para responder un requerimiento.

Villalba  calificó la contratación como “claramente oscura” y reclamó que se conozcan los estudios técnicos y las razones por las cuales el contador que emitió el voto en disidencia se apartó de la mayoría.