Según la Fiscalía, Laurta mató de dos disparos a Palacios y luego desmembró el cuerpo en seis partes
Tal y como estaba previsto, minutos antes de las nueve de la mañana de este jueves 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia de prórroga de prisión preventiva contra Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo imputado por el delito de homicidio criminis causa por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacios, ocurrido en octubre de 2025.
La audiencia contó con la intervención del fiscal Tomás Tscherning y del defensor oficial, José Legarreta, y siendo presidida por la jueza Gabriela Seró.
En primer término, el representante del Ministerio Público Fiscal brindó un detalle pormenorizado del avance de la investigación, marcando el cambio en la plataforma fáctica respecto de lo expuesto en octubre de 2025, cuando se habían dispuesto 120 días de prisión preventiva.
En su alocución Tscherning indicó que el primer contacto entre Laurta y Palacios se produjo el 17 de septiembre de 2025, a partir de una serie de mensajes en los que el imputado solicitaba los servicios del remisero para distintos destinos, modificando en varias oportunidades el recorrido, siempre con la intención de circular por la ruta provincial 22.
De acuerdo a la hipótesis fiscal actual, Laurta habría efectuado dos disparos de arma de fuego contra la víctima y posteriormente desmembrado el cuerpo con el objetivo de ocultar el crimen y apoderarse del Toyota Corolla propiedad de Palacios. Los médicos forenses determinaron que la causa de muerte fue por traumatismos provocados por proyectiles de alta velocidad dirigidos a la cabeza.
Asimismo, el fiscal sostuvo que a lo largo de la investigación se incorporó nuevo material probatorio, entre ellos análisis de restos óseos hallados en inmediaciones de Rosario del Tala, que permitieron establecer como probable causa de muerte los disparos en la cabeza, otorgando mayor sustento a la acusación.
En relación a los riesgos procesales, Tscherning remarcó que la pena en expectativa es de prisión perpetua, que el imputado no posee arraigo en la ciudad, que habría ingresado de manera clandestina al país y que utilizó distintos teléfonos celulares, lo que —según afirmó— demuestra capacidad logística para moverse en la clandestinidad y un alto riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta además las maniobras desplegadas para ocultar el cuerpo.
En cuanto al lugar del hecho, indicó que se presume que el crimen ocurrió entre los kilómetros 7 y 50 de la ruta provincial 22. Fundamentó esta hipótesis en que el trayecto hacia Federal demandó aproximadamente 40 minutos, mientras que el regreso se extendió a una hora y cuarenta minutos, diferencia temporal que para la Fiscalía resulta relevante para ubicar el momento del homicidio.
Tras escuchar a las partes, y sin oposición de la defensa, la jueza Gabriela Seró resolvió hacer lugar al pedido fiscal y extender la prisión preventiva de Laurta por el plazo de 90 días, es decir, hasta el 12 de mayo.
Una vez finalizada la audiencia, el fiscal Tomás Tscherning dialogó con Concordia Policiales y se refirió a los cambios en la plataforma fáctica de la causa. Al respecto, señaló que “a lo largo de esta investigación se ha reunido nuevo material probatorio. Entre ellos, se mandaron a analizar restos óseos hallados en inmediaciones de Rosario del Tala. Ese material nos permitió establecer, con probabilidad, que la causa de la muerte habría sido por dos disparos de arma de fuego dirigidos a la cabeza”.
En ese sentido, explicó que “del análisis de esos restos surgió un dato sumamente relevante para determinar la causa del fallecimiento, algo que en el primer hallazgo no había podido precisarse con certeza, aunque ya se presumía esa mecánica”. Y remarcó que “esto le otorga una relevancia importante al avance de la causa”.
Consultado sobre lo que resta para elevar la causa a juicio, el fiscal indicó que “si bien el material probatorio es contundente, con testimoniales, cámaras de videovigilancia y demás elementos, hay evidencia que se encuentra en la ciudad de Córdoba”. En esa línea, detalló que “todos los secuestros realizados al momento de la detención, incluida la telefonía celular que Laurta tenía en su poder, fueron remitidos a esa jurisdicción, por lo que esta Fiscalía necesita hacerse de parte de ese material para continuar avanzando”.