La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, formalizó este martes la situación procesal de Carlos Manuel Fiordelino, Benjamín Ariel Maciel y Sebastiana Beatriz Britez, los tres detenidos en la causa por el transporte de 260 kilogramos de clorhidrato de cocaína secuestrados el pasado 28 de mayo sobre la Ruta Provincial Nº 28, en jurisdicción del departamento Feliciano.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el Juzgado Federal de Concordia dictó el procesamiento con prisión preventiva de los tres imputados, en una resolución que además incluyó embargos millonarios y el secuestro de bienes vinculados a la investigación.

Uno de los principales acusados es Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años y oriundo de Rosario, quien no llegó a este expediente sin antecedentes. Muy por el contrario, ya había sido condenado a catorce años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado y portación de arma de guerra, una trayectoria que incluso lo había convertido, según consignó el diario La Nación al momento de su detención, en uno de los narcos más buscados del país. Al momento del operativo se encontraba gozando del beneficio de la libertad condicional, situación que no habría interrumpido su actividad.

Junto a él viajaba Benjamín Ariel Maciel, de 19 años, a bordo de un Mercedes Benz C200 Avantgarde, un vehículo de alta gama adquirido apenas algunos meses antes, que circulaba en sentido norte-sur cuando fue interceptado en el Puesto Caminero Puente de Hierro.

Lo que ocurrió a continuación derivó en una de las persecuciones más importantes de los últimos años en la provincia. Según surge de la investigación, tras el control inicial se produjo una fuga a toda velocidad que obligó a desplegar un operativo cerrojo y el cierre de rutas para intentar detener el avance del vehículo.

La persecución culminó cuando el automóvil fue interceptado con una de sus cubiertas destruida en una intersección de rutas provinciales. Durante la huida, los ocupantes fueron descartando los paquetes de droga entre la vegetación ubicada a la vera del camino.

Los investigadores lograron recuperar un total de 250 paquetes de cocaína, los cuales habían sido arrojados con la aparente intención de eliminar evidencias. Además, se secuestró una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, cargadores y municiones.

La investigación avanzó rápidamente y al día siguiente se concretó un allanamiento en un domicilio ubicado en la localidad correntina de Itatí, donde apareció un tercer nombre vinculado al expediente.

Se trata de Sebastiana Beatriz Britez, de 41 años, madre de Maciel, quien fue incorporada a la causa luego de que durante el procedimiento se encontraran importantes cantidades de cocaína, tanto fraccionada en envoltorios individuales como compactada, además de una balanza digital y una importante suma de dinero en efectivo.

La jueza Ramponi resolvió procesar a Fiordelino y Maciel como coautores del delito de transporte de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego.

En el caso de Fiordelino, el procesamiento fue ampliado también por el delito de desobediencia a la autoridad, al entender la magistrada que el imputado utilizó un pretexto para volver al vehículo y emprender la fuga, frustrando deliberadamente la inspección policial que se estaba desarrollando.

Respecto de Britez, la jueza entendió que los elementos secuestrados permitían descartar cualquier hipótesis de consumo personal. Según surge de la resolución, parte de la cocaína ya se encontraba fraccionada para la venta, mientras que otra permanecía compactada y sin dividir.

A ello se sumaron la balanza digital y el dinero en efectivo hallados durante el allanamiento, elementos que para la magistrada constituyen indicadores claros de comercialización de estupefacientes. Por ese motivo, resolvió procesarla como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En los tres casos, la prisión preventiva fue fundamentada en la gravedad de los hechos investigados, las penas de cumplimiento efectivo que podrían recaer sobre los imputados y la falta de arraigo suficiente para neutralizar el riesgo de fuga. También se valoraron los antecedentes penales y la reincidencia de algunos de los involucrados.

Junto con los procesamientos, la jueza dispuso embargos de importantes sumas de dinero sobre los bienes de los imputados.

En el caso de Fiordelino y Maciel, la medida fue fijada en 100 millones de pesos para cada uno, mientras que para Britez el embargo asciende a 6 millones de pesos.

Según se informó, los imputados cuentan con un plazo de cinco días hábiles para ofrecer bienes suficientes para cubrir esos montos, bajo apercibimiento de disponerse una inhibición general de bienes.

Entre los bienes alcanzados por la medida judicial figura el propio Mercedes Benz C200 Avantgarde utilizado para el transporte de la droga, cuyo secuestro fue dispuesto dentro de la política de recupero de activos impulsada por la jueza Ramponi.

De acuerdo a la normativa vigente, en caso de una futura condena el vehículo podría ser decomisado y destinado a fines de utilidad pública, privando así a la organización criminal de uno de los instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad ilícita.

Desde la Justicia también destacaron el rol desempeñado por la Policía de Entre Ríos durante todo el procedimiento.

Según surge de la investigación, el resultado obtenido no hubiera sido posible sin la actuación de la fuerza provincial, que intervino desde el control vehicular inicial, continuó con la persecución y el operativo cerrojo, y luego avanzó con los rastrillajes y medidas investigativas que derivaron en los posteriores allanamientos.

También se remarcó la participación del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien desde el primer momento puso a disposición los recursos humanos y técnicos necesarios para sostener la investigación.

La causa cuenta además con una importante cantidad de pruebas incorporadas al expediente, entre ellas actas de procedimiento, testimonios, análisis de dispositivos de comunicación, filmaciones y peritajes técnicos que ya forman parte de la investigación.

A ello se suman diversas diligencias periciales que todavía continúan en desarrollo y cuyos resultados podrían resultar determinantes para la próxima etapa del proceso.

Por ese motivo, desde la Justicia Federal señalaron que el expediente está lejos de encontrarse cerrado. El procesamiento dictado representa un importante avance dentro de la investigación, aunque todavía restan medidas clave que podrían arrojar nuevos resultados y derivaciones dentro de una causa que continúa avanzando bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia.