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Tres fiscales tendrán a su cargo la investigación de la denuncia presentada contra la Municipalidad por la contratación de VITSA para la recolección de residuos

Antes que comience la feria judicial, hubo avances en la causa contra la Municipalidad de Concordia por la contratación de la empresa VITSA para la prestación del servicio de recolección de residuos.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, por disposición del fiscal coordinador de Concordia, José Costa, se conformó un equipo de tres fiscales que tendrá a su cargo la investigación. El mismo estará integrado por el fiscal Martín Núñez, quien se encontraba de turno al momento de la presentación de la denuncia, y será acompañado por las fiscales Julia Rivoira y Daniela Montangie.

La denuncia había sido presentada por el abogado Mariano Giampaolo durante los últimos días de junio por el presunto delito de defraudación contra la administración pública. Según había explicado oportunamente Giampaolo a Concordia Policiales, la presentación fue realizada junto a su equipo de trabajo al considerar que existían elementos suficientes para que la Justicia investigara si hubo irregularidades en el proceso mediante el cual se contrató a la empresa para prestar el servicio de recolección de residuos.

En ese sentido, el abogado había aclarado que el planteo no apuntaba a cuestionar la necesidad del servicio, sino la forma en que se concretó la contratación.

Giampaolo también había señalado que la denuncia supera las 500 fojas y contiene abundante documentación, videos y otros elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

 Además, sostuvo que el costo del servicio contratado rondaría los 500 millones de pesos mensuales y remarcó que el municipio ya contaba con camiones, personal y estructura para llevar adelante la recolección de residuos, por lo que entendía necesario que se investigara si existieron irregularidades en el procedimiento que derivó en la contratación de VITSA.

Ahora, con la conformación del equipo de fiscales, se avanzará en la investigación, que en principios consistiría en solicitar documentación e informes a la Municipalidad de Concordia, así como también al Concejo Deliberante y a los distintos organismos que intervinieron en el proceso de contratación, con el objetivo de determinar si existieron conductas irregulares que puedan configurar un delito.

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