Durante la última semana, el abogado Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal contra la Municipalidad de Concordia por el presunto delito de defraudación contra la administración pública, a raíz de la contratación de la empresa VITSA para la prestación del servicio de recolección de residuos.

En diálogo con Concordia Policiales, Giampaolo explicó que la presentación fue realizada junto a un equipo de trabajo y sostuvo que, a su entender, existen elementos suficientes para que la Justicia investigue si hubo irregularidades en el proceso de contratación.

Al respecto, señaló que “vimos que no había otra opción que plantear esta denuncia porque observamos, a priori, que habría existido un uso indebido de fondos públicos, violando los canales normales, legales y constitucionales de contratación por parte del municipio”.

Asimismo, aclaró que el planteo no apunta a discutir la necesidad del servicio de recolección, sino la forma en que se concretó la contratación. En ese sentido, remarcó que “cuando la contratación la hace el Estado con fondos públicos es obligatorio que se respeten los canales legales porque esos recursos los aportamos todos los contribuyentes”.

Gianpaolo sostuvo que una de las principales sospechas es que “primero se decidió contratar una empresa y después se intentó darle un ropaje de simulada legalidad a esa decisión”, agregando que “existen elementos que indicarían que la firma ya estaba desarrollando actividades en la ciudad antes de que se completaran los pasos administrativos correspondientes”.

Según explicó, la empresa habría ingresado a Concordia pocos días antes de la aprobación de la ordenanza que declaró la emergencia ambiental y de recolección de residuos, situación que permitió avanzar con una contratación directa.

En ese marco, afirmó que “no hubo estudio de impacto ambiental, no hubo estudio económico de conveniencia, no hubo compulsa de precios y ni siquiera se analizaron otras alternativas”, agregando que existirían propuestas de otras empresas con valores inferiores para prestar el mismo servicio.

También cuestionó que la empresa “ni siquiera estaba inscripta como proveedora del municipio” al momento de la contratación y remarcó que se trata de una firma radicada fuera de la provincia, lo que, según indicó, “también merecería un análisis dentro de la investigación”.

Otro de los puntos señalados por el abogado está relacionado con el tratamiento legislativo de la emergencia. Al respecto, Giampaolo manifestó que “la ordenanza ingresó sobre tablas pocos minutos después de iniciada la sesión” y aseguró que, según declaraciones públicas de un concejal oficialista, la oposición no fue informada previamente sobre la iniciativa.

“Prácticamente se está reconociendo que se quería contratar a determinada empresa y que no se avisó a quienes podían ejercer funciones de control para evitar cuestionamientos”, sostuvo.

En relación a la causa judicial, Giampaolo reveló que “la denuncia presentada supera las 500 fojas y contiene abundante documentación, videos y distintos elementos de prueba que ya fueron puestos a disposición del fiscal Martín Núñez”.

Al respecto, explicó que “el fiscal nos pidió un tiempo prudencial para estudiar toda la documentación” y adelantó que durante los próximos días mantendrán una reunión para analizar el avance de la investigación.

Además, consideró que “la gravedad de los hechos denunciados amerita preservar documentación sensible y analizar eventuales comunicaciones entre funcionarios municipales y representantes de la empresa contratada”.

Por último, el abogado hizo referencia al costo del servicio y señaló que “estamos hablando de aproximadamente 500 millones de pesos por mes”. Remarcando  que “Concordia ya contaba con camiones, personal y estructura para desarrollar tareas de recolección”, por lo que consideró necesario que la Justicia determine si existieron irregularidades en el procedimiento que derivó en la contratación de VITSA.