El Colegio de la Abogacía rechazó las declaraciones del presidente de OSER sobre la “industria del amparo”
Mientras la Obra Social de Entre Ríos (OSER) avanza hacia la firma de un acta acuerdo con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), desde la conducción del organismo volvieron a poner el foco en uno de los principales factores de presión sobre sus finanzas: el creciente número de amparos judiciales, fenómeno que el propio presidente de la obra social, Mariano Gallegos, definió como “una industria muy aceitada”.
En declaraciones públicas, Gallegos sostuvo que existen estudios jurídicos que han convertido estas acciones en un negocio altamente rentable. “Un abogado que hace diez amparos por mes contra la obra social puede ganar alrededor de 20 millones de pesos mensuales. Es una persona que se dedica todo el día a buscar grietas para presentar amparos”, afirmó.
Las expresiones del titular de OSER generaron una inmediata reacción del Colegio de la Abogacía, que a través de un comunicado difundido a Concordia Policiales manifestó su “más enérgico rechazo” a lo que consideró un intento de estigmatizar el ejercicio profesional bajo el concepto de una supuesta “industria del amparo”.
Desde la entidad señalaron que “resulta de una gravedad institucional inaudita que quien tiene la responsabilidad de conducir la salud de más de 300.000 entrerrianos intente desviar el foco de su propia incapacidad administrativa, señalando a los profesionales del derecho como responsables de la crisis del organismo”.
En el comunicado, el Colegio remarcó que el recurso de amparo “no es una herramienta de hostigamiento, sino el último resguardo constitucional que le queda al afiliado cuando la OSER le da la espalda”. En ese sentido, sostuvieron que los abogados no generan los conflictos, sino que intervienen cuando se vulneran derechos fundamentales. “Es la ineficiencia del organismo la que obliga a los ciudadanos a judicializar su salud para no morir en la espera de un medicamento o una cirugía”, indicaron.
Asimismo, cuestionaron que se intente responsabilizar a la labor profesional por el déficit financiero de la obra social y recordaron que es el Poder Judicial quien, mediante sentencias, ordena a la OSER cumplir con prestaciones que han sido previamente negadas. “Cada fallo adverso es un reproche directo de la Justicia a la arbitrariedad e ilegalidad con la que se maneja el organismo”, expresaron.
Finalmente, el Colegio de la Abogacía instó a las autoridades de la OSER a cesar con la búsqueda de “chivos expiatorios” y a concentrar sus esfuerzos en garantizar que los aportes de los trabajadores se traduzcan en una cobertura de salud digna, eficiente y oportuna.