El Instituto de Derecho Penal renovó autoridades y apuntó contra prácticas judiciales abusivas
La última semana se concretó el recambio de autoridades en el Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía, espacio que nuclea a profesionales del ámbito penal. La nueva comisión está encabezada por el abogado Javier Orduna como presidente, acompañado por Juan Martín Barnada y Diego Briceño como vices, Pablo Palacio como secretario, María Belén Gómez como tesorera y Oscar Bacigaluppe como coordinador. La vocalía quedó integrada por Francisco Peralta, Agustín Cáceres y Gonzalo Fontán, mientras que Enrique Hourcade asumió como prosecretario.
Consultado por Concordia Policiales, Orduna explicó que el Instituto tiene como objetivo principal integrar a los colegas del fuero penal para mejorar el servicio de justicia y fomentar actividades de formación profesional. Dijo que “el Instituto de Derecho Penal tiene como finalidad, en principio, aquellos colegas que se dediquen al ámbito del Derecho Penal, integrarlos, ¿no es cierto?, para, en principio, mejorar el servicio de justicia, entendiendo que somos operadores jurídicos del servicio de justicia, y por otro lado también promover el desarrollo de actividades vinculadas al Derecho Penal para aquellos nuevos profesionales o aquellos profesionales que quieran mejorar en algo, alguna cuestión vinculada al ejercicio de la profesión”.
En cuanto a los desafíos actuales del sistema judicial, el flamante presidente expresó su preocupación por la cantidad de órdenes de allanamiento que salen “con términos vagos y ambiguos, lo que permite que se realicen en Concordia un sinnúmero de procedimientos en edificios anexos o conexos”. Recordó que “hace un mes allanaron una casa y en la casa al lado que allanaron falleció una persona que nada tenía que ver con el allanamiento”.
También manifestó inquietud “por los operativos masivos en barrios periféricos” y sostuvo que “nos preocupan las razias policiales donde se detienen arbitrariamente un montón de personas y se les vulneran garantías que son absolutamente infundadas”.
En otro tramo de la entrevista se refirió al problema del hacinamiento en la Unidad Penal N°3 de Concordia y remarcó que “esa unidad tiene capacidad para unas 450 personas, pero que durante el primer trimestre del año se registraron 650 detenciones. Indicó que “si se anualiza ese ritmo, a fin de año se superarán las 2.800 detenciones”, y planteó que “de esas 2.800 detenciones que realiza la policía en la ciudad de Concordia, ¿son todas legítimas? ¿Todas cumplen con los procedimientos? Bueno, eso es algo que queremos revisar desde el Instituto”.
Sobre la posibilidad de construir nuevas unidades penales, Orduna aclaró que el Instituto no promueve más cárceles, sino que cree necesario que el Estado y el Poder Judicial sean claros en evitar la permanencia de personas detenidas en comisarías, lo cual consideró ilegal. Añadió que “producto del hacinamiento de una gran cantidad de detenidos, lo que se observa es que hay muchas personas detenidas en comisarías, lo cual es, como dijimos antes, ilegal”.
Por último, señaló que la situación general requiere atención y compromiso institucional, al afirmar que “estamos en un momento donde se vulneran garantías, donde hay una fragilidad democrática, como una vulneración institucional en varios aspectos. Y bueno, los institutos de derecho penal o los colegios de la abogacía es importante que en estos momentos velen por estas cuestiones”.