La Defensa Pública fijó criterios para revisar prisiones preventivas y el estado de los detenidos
El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, dictó la Resolución Nº 11/2026 mediante la cual estableció pautas de actuación para los operadores del Ministerio Público de la Defensa en relación con las prisiones preventivas y el lugar donde deben cumplirse.
La medida busca garantizar un tratamiento igualitario para las personas detenidas en toda la provincia y evitar, salvo en casos excepcionales, que la prisión preventiva se cumpla en dependencias policiales. Además, se dispuso que se verifique el estado de salud física y psicológica de los detenidos cuando deban permanecer en lugares que no sean unidades penitenciarias.
En los fundamentos de la resolución se recordó que la prisión preventiva es la medida más severa que puede aplicarse a una persona acusada de un delito, por lo que debe ser excepcional y por el menor tiempo posible, respetando los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.
También se remarcó que antes de disponer una detención deben evaluarse alternativas menos gravosas, como la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, mecanismo que en la provincia se ha incrementado en los últimos años por resultar eficaz y menos costoso que el alojamiento en una unidad penal.
El defensor general advirtió además que las comisarías y alcaldías no son lugares adecuados para detenciones prolongadas, ya que muchas de ellas carecen de condiciones básicas como cocina, atención médica o psicológica, ventilación adecuada o espacios aptos para recibir visitas.
Por ese motivo, la resolución establece que el alojamiento en dependencias policiales debe ser excepcional y, en esos casos, deberá realizarse previamente un examen médico y psicológico del detenido para determinar si se encuentra en condiciones de afrontar ese tipo de encierro.
Entre las pautas fijadas, también se dispuso que los defensores penales deberán elevar informes trimestrales a la Defensoría General con datos sobre la cantidad de prisiones preventivas y el lugar donde se cumplen, con el objetivo de monitorear la situación en toda la provincia.