Tras la denuncia penal presentada por un abogado, dos concejalas pidieron que intervenga el Tribunal de Cuentas por el contrato de recolección con VITSA
De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba presentaron una nota ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, solicitando la intervención del organismo en relación con la contratación y concesión del servicio de recolección de residuos a la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A.
La presentación fue realizada luego de que las ediles tomaran conocimiento de la denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien solicitó a la Justicia que investigue la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en el marco del contrato celebrado entre la Municipalidad de Concordia y la empresa prestadora.
A partir de esa denuncia y de la documentación incorporada a la causa, Amiano y Villalba consideraron necesario que también intervenga el Tribunal de Cuentas, en su carácter de órgano de control externo de la hacienda pública municipal.
Según plantearon, teniendo en cuenta que la contratación comprometería más de 3.000 millones de pesos anuales de recursos municipales, corresponde analizar la legalidad de lo actuado y determinar si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio público.
En la presentación sostienen además que la existencia de una investigación judicial no excluye el funcionamiento de los mecanismos administrativos de control, por lo que entienden que deben adoptarse medidas preventivas mientras avanzan las actuaciones judiciales.
El pedido incluye que el Tribunal de Cuentas evalúe de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, la razonabilidad económica del contrato, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria, los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas y el eventual impacto patrimonial para el municipio.
Las concejalas afirmaron además que la situación excede una discusión política, ya que involucra recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. Por ese motivo solicitaron que el organismo requiera toda la documentación vinculada al expediente, audite el procedimiento y determine si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.
La presentación se produce luego de los cuestionamientos públicos surgidos en torno a la contratación, tras la difusión de denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en el procedimiento, los plazos en que se desarrollaron los actos administrativos y el volumen de fondos comprometidos.
“El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad. Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal”, expresaron las concejalas.