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Un amparo impulsado por el Estudio Giampaolo llegó hasta la Corte Suprema para que una obra social cubra un medicamento vital a un niño con una grave enfermedad

Una familia de la ciudad de Concordia atraviesa una situación crítica a raíz de la grave condición de salud que padece su hijo de 8 años, diagnosticado desde hace tres años con urticaria crónica espontánea severa, una enfermedad que afecta de manera profunda su calidad de vida y que, sin el tratamiento adecuado, puede derivar en complicaciones graves.

Según relataron sus padres, el cuadro se manifestó de forma repentina y desde entonces el niño no puede llevar una vida normal. No puede practicar deportes, jugar al aire libre, transpirar, consumir alimentos habituales como fiambres o gaseosas, ni siquiera bañarse con normalidad. Los brotes aparecen en distintas partes del cuerpo —cara, manos, cabeza— incluso mientras duerme. “A veces se despierta y me dice ‘mamá, me broté’. Es un sufrimiento constante”, expresó su madre.

La enfermedad no solo impacta en su salud física, sino también en su bienestar emocional y en el entorno familiar. El estrés, la ansiedad y la frustración agravan los síntomas, afectando además su desempeño escolar y su vida social. “No es vida para un niño de ocho años ni para una familia que lo ve sufrir todos los días”, sostuvo.

Ante la falta de respuesta de los tratamientos convencionales, los médicos indicaron una medicación biológica específica, Omalizumab, que mostró resultados altamente positivos en el menor. Durante el tiempo en que pudo recibirla, el niño logró mejorar de manera significativa: pudo alimentarse con normalidad, jugar, cortarse el pelo sin sufrir brotes y retomar actividades propias de su edad. Sin embargo, el tratamiento resultó imposible de sostener económicamente para la familia.

Cada dosis del medicamento tiene un costo aproximado de 1.800.000 pesos, a lo que se suman gastos mensuales en otras medicaciones, muchas de ellas con cobertura mínima por parte de la obra social. Desesperados, los padres llegaron incluso a organizar rifas para intentar afrontar el tratamiento. “El cambio fue casi milagroso, pero no pudimos seguir pagándolo”, recordó la madre.

Frente a la negativa de la obra social a cubrir el medicamento, la familia, con el patrocinio del Estudio Giampaolo & Asociados, promovió una acción de amparo con el objetivo de garantizar el derecho a la salud del niño. El proceso judicial, lejos de resolverse de manera rápida, se volvió extenso y desgastante debido a apelaciones y maniobras dilatorias que llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.

Desde el estudio jurídico señalaron que el medicamento fue ordenado judicialmente, pero que la obra social se negó a cumplir con la cobertura y apeló en reiteradas oportunidades. “Mientras se discute en los tribunales, el menor sigue sufriendo. Para la familia es imposible afrontar este costo, pero para una obra social con presupuestos millonarios es una suma absolutamente accesible”, explicaron.

Los abogados advirtieron además sobre la gravedad del cuadro clínico. “Estamos hablando de un niño que corre riesgo de vida. Puede sufrir una asfixia. Entre una ecuación económica y el derecho a la salud y a la vida de un menor, debe primar la vida. Eso es lo que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, remarcaron.

Finalmente, la familia y sus representantes legales decidieron hacer público el caso para visibilizar la dimensión humana del conflicto y pedir sensibilidad a todos los actores involucrados: el sistema de salud, la justicia y las obras sociales. “No se trata de privilegios, sino del acceso a un derecho humano básico”, concluyeron.

Si vos o un familiar se encuentran atravesando una situación similar, podés asesorarte con el estudio Giampaolo & Asociados al 345-4212539 – 3454167213 o bien dirigirte a calle Alvear al 582.

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